18/10/2021

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La jueza del ‘caso Alcoa’ obliga a los imputados a devolver 13 millones a las fábricas

Concentración de los trabajadores de Alcoa, este domingo.
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La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado a los directivos del Grupo Industrial Riesgo que están imputados en el ‘caso Alcoa‘ que restituyan «las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción», según consta en un auto de 28 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En la resolución la magistrada especifica que el «único destino» de este dinero debe ser «garantizar la existencia de fondos para financiar las operaciones de circulante propias de la actividad de las plantas».

El denominado ‘caso Alcoa’ se inició a raíz de que la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) interpusiera una querella en la Audiencia Nacional después de que la multinacional Alcoa Inespal SL vendiera por un dólar dos fábricas que tenía en Asturias y Galicia al fondo de inversión suizo Parter Group, que pocos meses después traspasó el 75% de las acciones de la firma adquirida al Grupo Industrial Riesgo por 13 millones de euros.

Sin embargo, los fondos que utilizó esta última sociedad para comprar las plantas de Avilés y A Coruña, que ahora son dos empresas denominadas Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC, fueron prestados por los propios centros de producción de aluminio, entonces en poder del fondo de inversión de la Confederación Helvética.

Por eso, la intención de Tardón, que considera que esta operación financiera «contraviene claramente la prohibición de asistencia financiera» prevista en la ley, es obligar a los actuales dueños de las dos antiguas fábricas de la multinacional -Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC- a que «procedan a reponer sin dilación alguna el compromiso de apoyo financiero a las plantas de producción» de Avilés y A Coruña, según consta en el mencionado auto de 28 de septiembre, que recuerda que ahora las empresas están bajo el control de un administrador judicial.

En la resolución la jueza facilita un número de cuenta a los investigados para que restituyan «las cantidades requeridas», al mismo tiempo que reclama al administrador de la empresa System Capital -la compañía instrumental que utilizó el Grupo Riesgo para comprar las fábricas-, Luis Losada Gómez, para que le especifique «dónde se encuentran los fondos monetarios de cada una de las sociedades objeto de administración judicial, en especial Alu Ibérica LC. y Alu Ibérica AVL».

Además, el administrador de la compañía instrumental deberá dirigirse al Juzgado Central de Instrucción número 3 para «indicar el motivo por el cual no se han presentado los Impuestos sobre Sociedades del ejercicio 2019 de las sociedades Iberian Green Aluminium Company SL, Alu Holding AC Spain, Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL».

En el auto la magistrada pone de manifiesto también que hasta el momento tanto las comunicaciones realizadas por el Juzgado Central al Grupo Industrial Riesgo, que carece de personalidad jurídica, como las dirigidas al resto de sociedades presuntamente implicadas, entre ellas el despacho de abogados Ackermann and Schwartz Attorneys at Law, no han podido ser entregadas por tener un destinatario «desconocido».

Por otra parte, este periódico ha tenido acceso a un nuevo informe elaborado por los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 24 de septiembre en el que se siembran dudas acerca de la actuación de Alcoa Inespal SLU, quien vendió las plantas a los investigados, pero que no está imputada en la causa como persona jurídica.

En concreto, la Policía Judicial sostiene que la operación a favor de los investigados consentida por la firma internacional era «poco aconsejable», una «circunstancia de la que, aunque no hubiera tenido conocimiento inicialmente, habría sido consentida posteriormente por la multinacional, como demuestra el hecho de haber liberado los fondos que fueron consignados notarialmente ante el incumplimiento del contrato por parte del comprador inicial», concluye el oficio policial. 

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con una portavoz de la multinacional Alcoa Inespal SLU que recuerda que el proceso de venta de las plantas de Avilés y A Coruña «fue promovido, supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el apoyo de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores». «El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de Avilés y La Coruña a GIR», completa la portavoz, «fue un incumplimiento de contrato, y Alcoa ha demandado a Parter por no cumplir con el contrato«.

En cuanto a la supuesta implicación de Alcoa en los hechos investigados en la Audiencia Nacional, apuntada por los sindicatos en una nota de prensa, la multinacional sostiene que las «acusaciones que se vierten son absolutamente falsas«.

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