21/10/2021

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La UE asumirá el modelo español de violencia de género

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Que la violencia de género, entendida a la española (o como interpreta aquí la legislación), es decir, la que ejerce un hombre sobre una mujer sea el ‘eurodelito’ número 10 es la intención de la Comisión Europea. Todavía es una propuesta de resolución que ya se presentó el pasado 22 de julio. Para que sea una realidad, con la armonización de las figuras delictivas, sanciones penales y, especialmente, la recopilación y compartición de datos por parte de todos los Estados miembros, queda un largo trámite parlamentario y aún no se tiene claro si adquirirá forma de directiva o de reglamento comunitario, pero la voluntad de ponerla en papel antes de 2022 ya es meridiana. Y ayer Ursula von der Leyen,

 presidenta de la Comisión Europea,
dio un paso en esta dirección
. Lo patentó en el Debate sobre el estado de la Unión: presentará una ley para reforzar la lucha contra la lacra e intentar que todos los maltratadores rindan cuentas «ante la Justicia».

El debate de fondo es que unos países diferencian, dentro de su tipología penal, violencia doméstica o familiar y violencia de género. Otros, como Francia o Finlandia, la inscriben bajo otras figuras delictivas. Y, lo que más preocupa en la Comisión, es que una decena de países ni siquiera lo contemplan o no tienen registros de feminicidios, explica a
ABC
la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y directora de investigación del grupo Antígona Encarna Bodelón. Y eso que los informes que maneja la UE arrojan la cifra de que una de cada tres mujeres dice haber sufrido violencia de género.

Esos informes (el más reciente, el que encargó el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo la pasada primavera y que impulsaron como propuesta de resolución Malin Björk y Diana Riba en julio) también evidencian que la lacra de la que habla la presidenta de la Comisión es la que mayoritariamente ejercen hombres sobre mujeres en el contexto de una pareja o antigua relación.

El concepto base sí está cristalino. Ayer, Von der Leyen defendió durante su intervención en la Eurocámara que «las mujeres deben poder volver a vivir de manera libre y autónoma» y, añadió, «libertad también significa ser libre del miedo». La política alemana adelantó que las prioridades del nuevo texto serán «aplicar de forma efectiva el Derecho penal», trabajar en la prevención de estos delitos, la protección de las víctimas y el acoso en las redes sociales. Abundó en que la pandemia ha sido «terrible» para las víctimas, al quedarse encerradas con sus torturadores.

El anuncio de Von der Leyen, popular, fue ovacionado por la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas, la española Iratxe García Pérez. «Es una noticia excelente. Llevamos años pidiendo esta ley europea que luche contra la mayor lacra que existe en estos momentos porque en el mundo, en Europa, hay mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Y no podemos permanecer impasibles», señaló. En el respaldo a la directiva, conservadores y socialistas van a ir de la mano, tal y como confirma la eurodiputada Rosa Estaràs, quien se felicita por que vaya a proponerse una «protección común a las víctimas» y acabar con las diferencias.

La resolución que proponga la presidenta de la Comisión Europea tendrá que superar un largo periplo parlamentario antes de entrar en vigor. El principal obstáculo al que se enfrenta es que en la UE no existe una definición única ante la ley, como vienen denunciando desde hace años los juristas como Bodelón, una de las autoras del último informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 2019. En dicho informe se avalaba que cada Estado miembro tiene una perspectiva diferente y el delito es de tal magnitud, consideran los expertos consultados, que debiera tener forma única porque «el fenómeno ha alcanzado (y así lo avala Von der Leyen con su anuncio) una dimensión transnacional. Lo que dice la presidenta es que la violencia sobre la mujer ya no es una competencia solo de un país», avala la profesora de la UAB.

Un ejemplo. Dos de los países con legislaciones que sí tipifican como delito la violencia de género, y difieren entre figuras delictivas, España y Suecia, también ofrecen cierta disparidad, puesto que en la ley sueca se considera la de género como una violencia repetida o recurrente, y dentro del ámbito de una pareja, es decir, de un miembro al otro. Europa exportará la línea de los países pioneros, opina Bodelón, como España, que reordenaron su estructura jurídica justamente para incorporar este delito.

Una vía que podría utilizar la Comisión para adherir a todos los países bajo el manto de la violencia sexista es partir de la definición que da el Convenio de Estambul, de 2011 (aprobado por 21 miembros), pero quedan, según fuentes parlamentarias consultadas, muchos flecos aún por definir. El citado informe del EIGE, de 2019, redunda en que el abanico jurídico en Europa es grande: va desde los países que ni siquiera cuentan con un delito específico para castigar este tipo de maltrato a las diferencias de alcance que existen entre los estados que sí responden con castigos penales (algunos, como la española, incluyen la violencia sexual, psicológica, física y económica, frente a otros que excluyen formas de violencia).

La propuesta de la directiva va a ser sometida a votación primero del Parlamento Europeo, que podrá proponer y aprobar enmiendas, luego saltará al Consejo Europeo y el texto definitivo tendrá que ser aprobado por ambas instituciones. Aprobándose, los Estados deberían compartir datos e imprimir agilidad en la detención de maltratadores y que trascienda del ámbito nacional (como recientemente ocurrió con el caso de una mujer en Alemania que denunció que su exmarido, albanés, estaba refugiado en Tenerife y había secuestrado a sus dos hijos).

«Debe haber una política común sobre la violencia de género», invoca Estaràs. Si hay consenso, la violencia sobre la mujer se incluirá en el art. 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE: la lista de delitos comunitarios contiene el terrorismo, la trata de seres humanos y explotación sexual, el tráfico de drogas, el de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.

En 2021, 34 crímenes

Hasta una actualización hoy de los datos de agosto, según los últimos facilitados por el Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asesinadas en 2021 asciende a 34 (el año pasado a estas alturas eran 35). El último crimen se produjo en Alicante el 13 de septiembre. Un hombre mató a su pareja, de 40 años, sin denuncias previas. La víctima tenía 3 hijos menores. Este año 19 menores han quedado huérfanos por el hachazo machista; 323 desde 2013. 41 niños han sido asesinados en estos nueve años.

1.112 mujeres asesinadas

Desde 2003, han sido 1.112 las mujeres asesinadas en nuestro país. En 2004 arrancó la ley específica y en 2017 se cerró un pacto de Estado, con la abstención de Podemos, que hoy dirige Igualdad.

Récord en el 016

Cada día de julio 266 mujeres llamaron al 016 (quinta cifra récord de la historia). La tasa más alta se dio en Canarias, seguida de Madrid.

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